Tampico, Tamaulipas. - El Congreso de Tamaulipas espera que el auditor superior Jorge Espino Ascanio, tenga la voluntad política para que no caiga en desacato después que a través de la Comisión de Vigilancia se le han pedido informes de 42 cuentas públicas, indicó la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Úrsula Patricia Salazar Mojica. 

Agregó que han existido dos apercibimientos sobre esta conducta que ha mostrado el funcionario, multas que no se han pagado ante la Secretaría de Finanzas del Estado, y que de seguir con esta actitud renuente podría echarse mano de un encierro hasta de 36 horas.

La legisladora local de Morena expuso que será en esta semana cuando se vuelva analizar la postura que ha adoptado el auditor Espino Ascanio, pues podría ser apercibido con una sanción de castigo corporal, sin embargo, si no tiene la voluntad política y sigue en desacato los legisladores podrían separarlo del cargo por ser facultad del Congreso de Tamaulipas removerlo. 

"Tenemos la facultad de pedirle y solicitarle los papeles de trabajo de 42 cuentas públicas, los expedientes, que son aprobados el día 30 de junio de 2022, los cuales solamente llevaron informes sin observaciones y reserva realizados en seis semanas de manera exprés; eso que hemos solicitado ha incumplido por lo que ha entregado no es a lo que nosotros estamos solicitando". 

Y añadió;

"La Comisión de Vigilancia y el Congreso tienen la facultad de evaluar el desempeño del auditor y es lo que queremos hacer, él es autónomo, sí, en utilizar la metodología para la fiscalización; sabemos que si no está cumpliendo llega a un desacato y pues él tiene como medida de apremio marcado por la ley son 36 horas de arresto, yo espero que tenga la voluntad política".

Reveló que en este tema se buscará agotar todas las posibilidades legales, es así que más adelante podría analizarse la separación del cargo del funcionario estatal, sin embargo, advirtió que no desean adelantarse tanto a todo lo concerniente al auditor Espino Ascanio, es así que lo único que esperan es que asuma su responsabilidad como lo marcan la Constitución Mexicana, la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos y Ley de Fiscalización.